abril 24, 2024

Este miércoles, por la mañana, autoridades hondureñas capturaron a dos exdiputados del Congreso Nacional acusados ​​de delitos de estafa.

Los involucrados, identificados como Sara Medina, exdiputada por El Paraíso, y Carlos Roberto Guevara, exdiputado suplente por Copán, son señalados como autores materiales de fraude en perjuicio de la administración pública.

La orden de aprehensión fue emitida por un juzgado de jurisdicción nacional especializado en crimen organizado y corrupción como parte del operativo denominado Justicia, que se encuentra en marcha desde la mañana del miércoles.

Sara Medina, esposa del excomisario de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía Velásquez, ya estaba bajo la lupa del Ministerio Público desde enero pasado. En ese momento, como parte de la Operación Poseidón, se incautaron 13 propiedades, entre ellas una residencia en Comayagüela, un terreno en Tegucigalpa, cuatro vehículos, seis cuentas bancarias y un total de 7,3 millones de lempiras, para investigar un presunto “incremento de patrimonio”. .” injustificado».

Un juez de privación de dominio programó la lectura del fallo que determinará el destino de los bienes del excomisionado Mejía Velásquez para el 30 de enero de 2024.

Como parte del Operativo Justicia también fue capturado un tercero identificado como José Rogelio Sánchez García, relacionado con el mismo caso de fraude.

requisito de MP

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público presentó una solicitud fiscal relacionada con un presunto fraude que involucra a cinco exdiputados del Congreso Nacional, tres de los cuales ejercieron durante el período 2006-2014 y los dos restantes durante 2010-2014. .

La acusación se extiende a dos personas adicionales, señaladas como colaboradores necesarios en el delito de estafa. La trama, según la investigación, implicó desviar más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional a través de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), una organización no gubernamental.

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Los exdiputados, utilizando el Fondo Departamental de Desarrollo (derogado en agosto de 2023), según MP, ejecutaron proyectos sociales a través de ONG. Sin embargo, los fondos fueron transferidos a las cuentas personales de los mismos diputados y otros legisladores, quienes los utilizaron para fines distintos a los originalmente asignados.

La investigación reveló una gestión irregular de subsidios otorgados a exparlamentarios, justificados en proyectos de desarrollo social que no fueron debidamente presentados.

Se identificaron 82 transferencias desde el Ministerio de Hacienda a la cuenta de AJOPADIH en un periodo de seis meses. Uno de los imputados, como cooperador necesario, se acreditó 28 millones de lempiras y realizó depósitos en 26 cuentas privadas, incluidas las de los exdiputados imputados. El dinero restante fue transferido a terceros sin justificación.

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