abril 24, 2024
Un control policial alemán en la frontera con Polonia para evitar la inmigración irregular.FABRIZIO BENSCH (REUTERS)

El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció en otoño que Alemania tenía que empezar a deportar “a gran escala” a los solicitantes de asilo cuya petición ha sido rechazada, es decir, a personas que siguen residiendo en el país pese a no tener derecho. Poco más de dos meses después, el Bundestag ha aprobado este jueves la ley que lo pone en práctica. Quienes permanecen en situación irregular podrán ser deportados más rápido en Alemania, al simplificarse el proceso y entrar en vigor normas más estrictas.

El Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales responde así al aumento constante de solicitantes de asilo, a la preocupación por la inmigración irregular que muestran los alemanes en las encuestas y a las demandas de las autoridades locales, que llevan meses protestando por la sobrecarga que sufren y lo ajustado de los fondos de los que disponen. La decisión tampoco es ajena a la creciente popularidad del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que ha conseguido situarse en segundo lugar en intención de voto con un discurso duro antiinmigración.

Las novedades son llamativas, pero su efecto real en el número de deportaciones parece limitado y no responde a esa “gran escala” que anunció el canciller, según reconoce el propio proyecto de ley. El plazo de detención preventiva aumentará de 10 a 28 días; las autoridades dejarán de anunciar las repatriaciones —salvo en el caso de familias con niños menores de 12 años— como ocurre ahora, y la policía podrá registrar domicilios o habitaciones en los centros de alojamiento de inmigrantes en busca de las personas con una orden de expulsión o de los documentos que puedan probar su identidad y nacionalidad. Los agentes también podrán recogerlos en horario nocturno si el vuelo está programado a primera hora de la mañana.

El objetivo es reducir la tasa de fracaso que vienen registrando en los últimos años las devoluciones previstas. Aproximadamente dos tercios no llegan a producirse. En 2023 no pudieron llevarse a cabo 31.770 repatriaciones, por distintos motivos: la cancelación de los vuelos de deportación, la imposibilidad de encontrar o identificar a los afectados, la negativa del país de destino a aceptarlos o por cuestiones médicas.

La llamada Ley de Mejora de la Repatriación pretende simplificar el proceso para que así las personas que realmente tienen derecho a protección puedan beneficiarse de los recursos públicos, aseguró durante la votación en el Parlamento la ministra del Interior, Nancy Faeser. “Quien no tenga derecho a permanecer en Alemania debe abandonar el país”, afirmó. La nueva ley, con sus “normas claras”, “impedirá eficazmente que la gente se fugue y frustre la deportación”, añadió la socialdemócrata. Faeser aseguró que el año pasado las expulsiones aumentaron un 27% respecto a 2022, pero que el número sigue siendo insuficiente.

La CDU vota en contra

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La norma salió adelante con los votos a favor de casi todos los diputados de los partidos de la coalición. La oposición democristiana de la CDU y su partido hermano bávaro CSU y la ultraderechista AfD han votado en contra porque consideran que la ley no va lo suficientemente lejos. Algunos diputados de Los Verdes tampoco han votado a favor, pero por el motivo contrario: para ellos el endurecimiento de la política migratoria va demasiado lejos. La norma fue objeto de intensas discusiones en el último congreso del partido ecologista, con muchos afiliados que compartían las preocupaciones de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Según el Ministerio del Interior, alrededor de 242.642 personas tenían que abandonar el país a finales de diciembre porque su solicitud de asilo ha sido rechazada. Pero en realidad solo una pequeña parte está realmente amenazada de expulsión porque la mayoría gozan de lo que se conoce como “estatus de tolerancia”. Se trata de personas que no pueden ser deportadas porque carecen de documento de identidad, están enfermas, participan en un programa de formación profesional o tienen un hijo menor de edad que sí tiene permiso de residencia. En total, el propio proyecto de ley cuantifica en unas 600 devoluciones extra al año las que permitirán las nuevas medidas.

El giro en la política migratoria del Gobierno alemán se materializa apenas una semana después de que se conociera que AfD se reunió en secreto con neonazis para hablar de un plan masivo de deportaciones que va mucho más allá de los solicitantes de asilo rechazados y que pretende expulsar del país también a ciudadanos con pasaporte alemán que no se consideran “bien integrados”. La noticia, desvelada por el portal de investigación Correctiv, ha provocado un movimiento de protesta por ciudades de todo el país, con manifestaciones diarias contra la ultraderecha y a favor de la democracia.

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