abril 12, 2024

El Ministerio Público presenta un nuevo requerimiento fiscal con órdenes de aprehensión contra ocho personas que se aprovecharon del dolor de 50 familias que perdieron a sus seres queridos en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo de 2004, donde lamentablemente murieron más. de 107 prisioneros.

Según el listado de hechos investigados, luego de las trágicas muertes, los familiares de los fallecidos interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el conocido como “Caso Pacheco Teruel y otros”, donde, según determinó dictaminando en 2012 que el Estado de Honduras debía pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de L317,289 lempiras y 72 centavos. Estos fondos comenzaron a pagarse en 2017 luego de que el Director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) creara una comisión para dar cumplimiento a la sentencia.

Sin embargo, el Ministerio Público descubrió que 49 cheques pertenecientes a igual número de familias fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una misma persona que actuó con facultades que nunca fueron otorgadas por las víctimas, además se detectaron inconsistencias. encontrada en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas dactilares, así como la no autorización de muchos expedientes por parte de la Comisión creada en el INP, burlándose así de varios de los dolientes que al final no recibieron el pago debido a una grupo de malos ciudadanos entre empleados del INP que se apropiaron ilegalmente del dinero de las víctimas en connivencia con los notarios públicos.

En ese sentido, el MP solicitó las respectivas órdenes de aprehensión y continuará el juicio contra todos los imputados acusados ​​de los delitos de estafa, estafa, falsificación de documento público y uso de documentos falsos.