El número de afiliados a la Seguridad Social en España alcanzó un total de 521.891 personas en los seis primeros meses del año, un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Este es un récord histórico, pues esta serie comenzó a grabarse en 2013. Sin embargo, este incremento se produce en el contexto de preocupaciones y quejas de empresarios y sindicatos, que están a la espera de la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Recientemente, el Comité Europeo de Derechos Sociales publicó una resolución en la que afirma que los actuales sistemas de indemnización por despido, que ofrecen un máximo de 24 meses de salario en caso de despido, son incompatibles con la Carta Social Europea. Esta situación es problemática porque no proporciona a los trabajadores una remuneración adecuada ni disuade adecuadamente a las empresas de realizar despidos injustificados.
PSOE y Sumar acordaron revisar la normativa sobre exenciones para adecuarla a la legislación europea. Sin embargo, esta medida ha provocado divisiones entre los ministros, ya que implica reconocer las críticas del Comité. Se propone eliminar el límite de compensación de 24 meses e introducir una compensación adicional dependiendo de la situación del empleado afectado.
Los sindicatos, especialmente la UGT, plantearon la cuestión en Europa, argumentando que las reformas de la legislación laboral habían llevado a un aumento significativo en el número de bajas por enfermedad no autorizadas. En el primer semestre de 2021, los despidos aumentaron un 97%, lo que indica que muchas empresas están utilizando estrategias para evitar pagar salarios justos, dejando a los trabajadores desprotegidos.
Aunque algunos empleados se ven obligados a afrontar procesos disciplinarios sin derecho a indemnización, muchos de estos casos terminan en procedimientos de conciliación o judiciales. Esto se traduce en una bonificación de recuperación de 33 días, lo que resulta costoso para las empresas. De hecho, muchas personas prefieren justificar sus despidos con motivos objetivos, que en la práctica son más fáciles de impugnar.
Las estadísticas del ZUS confirman esta tendencia: el 54,9% de los despidos son por motivos disciplinarios individuales y sólo el 41,85% por motivos objetivos, por ejemplo económicos o técnicos. Es importante señalar que estas cifras se basan en la justificación proporcionada en el momento de la publicación y no en revisiones posteriores.
A pesar de las mejoras visibles en los niveles de membresía, los datos sobre licencias por enfermedad y costos también muestran un aumento en las licencias por enfermedad. Este escenario se acentuó después de la reforma del mercado laboral, que provocó un aumento de los despidos, especialmente entre los trabajadores recién contratados o con menor antigüedad.
El debate sobre la regulación de los despidos sigue abierto. Algunos miembros del Gobierno temen que la revisión de este reglamento provoque inseguridad jurídica durante las negociaciones. Se discute la posibilidad de mantener el límite actual pero dar a los jueces más herramientas para determinar mayores indemnizaciones en casos de despido improcedente.
PSOE y Sumar también prefieren centrarse en los acuerdos de reducción de jornada antes de entrar en el debate sobre las indemnizaciones por despido. La situación actual presenta un panorama complejo que requiere un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas.
