Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público de Honduras (MP) emitió este lunes orden de captura contra ocho personas que supuestamente fueron cometidos por delitos de fraude y estafa a 50 familias que perdieron a sus seres queridos en el incendio del Centro Penitenciario de San Pedro Sula en mayo de 2004, donde lamentablemente murieron más de 107 presos.
Según los hechos investigados, luego de las trágicas muertes, los familiares de los fallecidos interpusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el conocido como “Caso Pacheco Teruel y otros”, donde se determinó mediante sentencia del En 2012, el Estado de Honduras tuvo que pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de 317.289 lempiras y 72 centavos.
Estos fondos comenzaron a pagarse en 2017 luego de que el Director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) creará una comisión para dar cumplimiento a la sentencia.
Investigación
Sin embargo, el Ministerio Público descubrió que 49 cheques pertenecientes a igual número de familias fueron cambiados en el Banco Central de Honduras (BCH) por una misma persona que actuó con facultades que nunca fueron otorgadas por las víctimas.
El Ministerio Público también encontró inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas dactilares, así como la no autorización de muchos expedientes por parte de la Comisión creada en el INP, burlándose así de varios de los dolientes que al final no recibieron el pago porque un grupo de malos ciudadanos entre empleados del INP se apropiaron ilegalmente del dinero de las víctimas en connivencia con los notarios públicos.
A las ocho personas involucradas se les imputan los delitos de estafa, estafa, falsedad en documento público y utilización de documentos falsos.
