abril 12, 2024

Honduras sigue de cerca el juicio en Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022)acusado de tres delitos asociados al narcotráfico, y que se espera inicie el martes, dos años después de que fuera solicitado en extradición y capturado en su residencia de Tegucigalpa.

El inicio del juicio el martes, si no se pospone como ya ha ocurrido en tres ocasiones, se ve con gran expectación en Honduras y en el extranjero, al tratarse del primer exgobernante hondureño llevado a juicio en Estados Unidos por narcotráfico.

Medio siglo de narcotráfico operando libremente

Otro expresidente hondureño, Rafael Callejas (1990-1994), afrontaba un juicio en Estados Unidos, surgido en 2015, por un escándalo de corrupción millonario en la Asociación Internacional de Fútbol (FIFA).

En libertad condicional y afectado por leucemia, Callejas falleció en EE.UU. en abril de 2020.

Ambos exgobernantes fueron acusados ​​de delitos asociados al narcotráfico y la corrupción, flagelos de profundo arraigo en Honduras, un país de diez millones de habitantes, de los cuales más del 60% se encuentran en la pobreza.

Diversos sectores coinciden en que la pobreza se debe en gran medida a corrupción y narcotráfico.

El narcotráfico comenzó a aparecer en el país hace 50 años y creció sin que ninguna autoridad hiciera nada para impedirlo. Por el contrario, jueces, magistrados, policías, militares, empresarios, banqueros, alcaldes y diputados, entre otros, fueron progresivamente difamados.

Las autoridades hondureñas siempre han sabido cómo ha operado el narcotráfico, pero en lugar de combatirlo, algunos terminaron siendo cómplices.

Ante tanta inoperancia de las autoridades, ha sido la justicia estadounidense la que desde 2014 comenzó a señalar y solicitar la extradición de hondureños para juzgarlos por narcotráfico.

Condenado a cadena perpetua el hermano de Hernández

Entre 2014 y lo que va de 2024, unos 40 hondureños han sido extraditados, entre ellos el expresidente Hernández, su hermano Juan Antonio, que ya fue condenado a cadena perpetua, y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla.

Aunque no han sido acusados, los nombres de los expresidentes Manuel Zelaya y Porfirio Lobo También han salido a la luz en testimonios en Nueva York de personas extraditadas que pertenecían a cárteles de la droga, algunos de los cuales continúan operando en Honduras. Ambos ex gobernantes han rechazado las acusaciones.

En el caso de Porfirio Lobo, uno de sus hijos, Fabio, fue sentenciado en Estados Unidos en 2017 a 24 años de prisión por tráfico de drogas.

Muchos hondureños no pueden entender por qué las autoridades no investigaron ni acusaron a tantos nacionales involucrados en el tráfico de drogas.

El analista Manuel Torres considera que, “como en tantas extradiciones y procesos judiciales similares, la carga de la prueba acusatoria -contra Juan Orlando Hernández- recae exclusivamente en la Fiscalía norteamericana, mientras que en los pasillos del sistema penal y judicial de “Honduras guarda silencio y no investiga”.

“¿Cómo fue posible un vínculo tan alto entre el crimen organizado y el Estado, qué autoridad o comisión se encargará de realizar una revisión histórica exhaustiva de lo sucedido, investigando normas, medios y procedimientos legales e ilegales que lo explican? De momento, ninguno. La tendencia visible es más bien ocultar, no revelar”, dijo Torres a Efe en Tegucigalpa.

Agregó que así como en Estados Unidos la Fiscalía invoca la figura de “documentos clasificados” para evitar que se revelen ciertos detalles de la relación entre su Gobierno y Hernández, en Honduras es previsible que el juicio ahora califique como “nacional”. seguridad” y se trata de minimizar su impacto interno.

Este enfoque, según el analista, retoma la idea de que la seguridad del Estado garantiza la seguridad de la sociedad, y no al revés, es el mismo concepto que recuerda la vieja doctrina de la seguridad nacional que tanto violación de los derechos humanos causado en los años 80 del siglo pasado en Honduras.