NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido condenado a 45 años de prisión por su participación en tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
Alias JOHHernández ha sido condenado a 540 meses de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importar cocaína y otros delitos relacionados.
Durante su mandato de 2014 a 2022, Hernández facilitó el ingreso de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, utilizando su posición de poder para favorecer actividades de narcotráfico.
El Departamento de Justicia dijo que Hernández y sus cómplices traficaban cantidades masivas de cocaína, estimando que las drogas introducidas podrían traducirse en aproximadamente 4.500 millones de dosis individuales en Estados Unidos.
Reacciones
El fiscal general Merrick Garland destacó la gravedad de la conspiración liderada por Hernández, calificándola como una de las más grandes y violentas. «Hernández abusó de su poder como presidente para apoyar esta peligrosa conspiración, que afecta tanto a Honduras como a Estados Unidos», dijo Garland.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, destacó el compromiso de la agencia en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la seguridad y la salud del pueblo estadounidense.
El fiscal federal Damián Williams criticó a Hernández por desperdiciar una oportunidad de mejorar su país y en cambio facilitar la entrada de enormes cantidades de cocaína a Estados Unidos. «Ahora pagará por sus acciones con 45 años de prisión federal», afirmó Williams.
Informe completo del Departamento de Justicia
Desde al menos 2004 hasta 2022, Hernández estuvo en el centro de una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico del mundo. Durante su carrera política, utilizó su posición para facilitar la importación de cocaína a Estados Unidos y proteger a sus cómplices, quienes estaban armados con armas pesadas.
Los sobornos que Hernández recibió de las organizaciones del narcotráfico le ayudaron a ascender en la política hondureña. Al llegar al poder, brindó apoyo adicional a sus aliados, permitiéndoles transportar grandes cantidades de cocaína y cometer actos de violencia.
Hernández promovió públicamente medidas antidrogas mientras protegía en secreto a los narcotraficantes cercanos a él. Manipuló el sistema de extradición para mantener seguros a sus aliados en Honduras y utilizó instituciones nacionales, como la policía y el ejército, para proteger su operación de narcotráfico.
Sus cómplices, entre ellos miembros de la Policía Nacional de Honduras, protegían los cargamentos de cocaína y recurrían a la violencia para mantener su control. Muchos de estos cómplices ya han sido condenados, como su hermano Tony Hernández y el traficante Geovanny Fuentes Ramírez, ambos condenados a cadena perpetua.
El caso fue investigado por la DEA, con la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia para el arresto y extradición de Hernández. Los fiscales Andrea Broach, Jessica Fender, Jacob H. Gutwillig, David J. Robles, Elinor L. Tarlow y Kyle A. Wirshba procesaron el caso en el Distrito Sur de Nueva York.
