La reforma de la autonomía regional diferenciada se ha convertido en un tema para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A la fuerte oposición de la izquierda se suman las críticas de los obispos que creen que el proyecto de ley representa un «peligro mortal» porque podría dividir el país en el norte rico y el sur marginado. La ley aprobada en junio permite que sólo las regiones que lo soliciten al Estado tengan autonomía en la gestión de un máximo de 23 áreas, entre ellas salud, educación y cultura.
La ley impulsada por La Liga fue aceptada por Meloni con el fin de fortalecer su poder, aunque no era su preferencia. Esto complicó la explicación a los votantes de distintas autonomías. Además, su socio de gobierno Antonio Tajani, líder de Forza Italia, mantiene su posición de que la reforma debe incluir condiciones.
Forza Italia logró, entre otros,: aprobar Niveles Básicos de Beneficios (LEP), que garantizan estándares mínimos de servicios públicos en todo el país. El partido sostiene que la LEP no debe asociarse con una autonomía regional diferencial y que su implementación podría reducir las marcadas diferencias regionales. El presidente calabrés, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de la población del sur se opone a esta autonomía.
En respuesta, el centro izquierda apoya un referéndum sobre la derogación de la ley, lo que requeriría recaudar 500.000. firmas. La situación se complica por el rechazo de la Iglesia, que expresó su preocupación por la creación de «dos Italias». El obispo Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), advirtió del riesgo de un «salvaje oeste» entre las regiones más pobres si se aplica la reforma.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, también destacó la importancia de mantener la solidaridad entre las regiones, subrayando que la unidad de la República debe prevalecer sobre las divisiones.
