El miembro propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ha interpuesto dos querellas penales contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall ante el Ministerio Público. Las acusaciones incluyen prevaricato administrativo, usurpación de funciones y transgresiones a la Ley Electoral. Esta medida legal se da en medio de una tensa controversia interna relacionada con la aplicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en preparación para las elecciones generales planificadas para noviembre de 2025.
Ochoa sostiene que las funcionarias realizaron cambios importantes del proceso de licitación del TREP de forma unilateral, sin disponer de una resolución avalada por el pleno del organismo electoral. De acuerdo con el consejero, esta decisión fue hecha sin el conocimiento del conjunto colegiado y busca reintroducir mecanismos de intervención humana que ya se habían eliminado previamente debido a su historial de controversias en elecciones anteriores.
La modificación cuestionada se refiere a la inclusión de una “verificación humana” en la transmisión de datos preliminares, lo cual, según Ochoa, representa un retroceso en materia de transparencia. Sostiene que ese tipo de intervención manual fue parte de prácticas que generaron sospechas de fraude en comicios anteriores, particularmente en los procesos de 2013 y 2017.
En su denuncia, Ochoa afirma que las dos consejeras actuaron de manera ilegal al extender plazos e introducir enmiendas sin la aprobación del pleno, contraviniendo así lo establecido en la Ley Electoral. Añadió que la responsabilidad directa en la licitación del TREP recae en todo el cuerpo colegiado del CNE y que ninguna consejera tiene autoridad para tomar decisiones administrativas de ese calibre de forma individual.
La reacción de las denunciadas no se hizo esperar. Cossette López, presidenta del CNE, defendió la legalidad de la modificación realizada al pliego de condiciones del sistema de conteo preliminar y acusó a Ochoa de intentar bloquear el proceso de licitación. Sostuvo que el CNE tiene la facultad legal para implementar procesos de verificación de datos, sin que esto represente una violación de las normas vigentes.
Por su parte, Ana Paola Hall lamentó el giro judicial que ha tomado el conflicto y señaló que la denuncia no tiene sustento jurídico. Afirmó que las decisiones tomadas fueron en cumplimiento de sus responsabilidades como funcionarias electorales y bajo los marcos legales correspondientes.
El enfrentamiento entre los tres consejeros se suma a la tensión creciente dentro del CNE, agudizada recientemente por la toma de sus instalaciones por parte de simpatizantes del partido oficialista, quienes bloquearon la entrega de ofertas para el TREP. Esta acción, respaldada indirectamente por sectores afines a Ochoa, generó fuertes críticas por parte de la oposición y de observadores nacionales, al considerar que atenta contra la institucionalidad del proceso electoral.
En medio de este ambiente de crispación, el Ministerio Público deberá evaluar si procede con una investigación penal formal contra las consejeras denunciadas. De ser así, el caso podría convertirse en un precedente sin parangón en la historia electoral del país, abriendo un proceso judicial en plena antesala de un año electoral.
El Congreso Nacional, por otro lado, llamó a una sesión extraordinaria con los integrantes del CNE con el fin de aclarar los eventos y proporcionar información sobre la gestión de los procesos internos, abarcando también el desarrollo del sistema TREP, elemento esencial para asegurar la claridad en la divulgación de resultados iniciales.
Con las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025, el ambiente en el órgano electoral se muestra cada vez más tenso y fragmentado. La disputa interna podría impactar negativamente en la percepción ciudadana sobre la legitimidad del proceso, mientras persisten los llamados de diversos sectores para que se garantice un proceso electoral íntegro, imparcial y basado en normas claras y consensuadas.
