El 17 de junio de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en plena sesión aprobó, con mayoría de votos, avanzar con los términos para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). No obstante, esta resolución generó una fuerte reacción del consejero Marlon Ochoa, quien alertó sobre supuestos peligros de inestabilidad electoral debido a lo que calificó como la posible repetición de prácticas controvertidas del pasado.
El pleno dio su visto bueno al trep y generó tensiones
En una votación de dos a uno, se aprobó el inicio del proceso de licitación del TREP, lo que generó fuertes críticas de grupos asociados al bipartidismo. Un dirigente afirmó que Ochoa aparentaba estar preocupado por su permanencia en el organismo electoral y lo señaló de llevar a cabo acciones en Sudamérica con el presunto objetivo de beneficiar a ciertas compañías.
Este ambiente de tensión se intensifica por las alegaciones de Ochoa acerca de un supuesto lazo entre el bipartidismo y algunos proveedores del sistema electoral con antecedentes controvertidos. Ochoa afirmó que se buscaba adjudicar el TREP a una compañía con un nombre diferente, la cual ya había participado en procesos anteriores, de acuerdo con su advertencia.
Ochoa señala intento de replicar modelo controvertido
El asesor señaló la posible reaparición de un sistema semejante al implementado en 2017, cuando varios procesos electorales fueron criticados por su falta de transparencia. Ochoa afirmó que hay un riesgo de que con diferentes nombres se utilice la misma compañía nuevamente, poniendo en duda las estructuras detrás de la adjudicación. Destacó que este enfoque forma parte de un patrón histórico que intenta preservar el control del TREP en manos de los dos principales partidos políticos.
Perspectivas: antiguos asesores y figuras políticas
Germán Lobo, exmiembro del CNE, respondió que los cuestionamientos de Ochoa surgen cuando sus propias propuestas no son acogidas. Lobo lo acusó de tener intereses personales y de ejecutar un discurso sesgado contra el bipartidismo solo cuando no recibe respaldo. Afirmó que Ochoa intentó incluir criterios técnicos específicos para favorecer a determinados actores.
Otros exfuncionarios recordaron que la aprobación del pliego fue una decisión legal y colegiada del Consejo, indicando que ahora corresponde el debate técnico tras dicha aprobación.
Aspectos técnicos y legales del TREP
El debate no solo está centrado en acusaciones políticas, sino que también abarca aspectos legales. Un elemento relevante es cómo se interpretan las reglas electorales respecto a la transmisión de datos y actas. Ochoa destacó que la ley requiere total transparencia a través de una conexión directa con los partidos y observadores, aunque evaluaciones independientes han señalado que el requerimiento legal se aplica únicamente a nivel presidencial y en plazos definidos, tal como especifica el artículo 278 de la Ley Electoral.
Según expertos, lo establecido es que las actas presidenciales deben transmitirse simultáneamente al CNE y a los partidos, pero el artículo 279 no exige hacer lo mismo con todas las actas ni extender la obligación más allá del nivel presidencial.
Reacción de partidos y autoridades
La líder del CNE destacó que este método no funcionará como un sistema automatizado sin intervención humana, evitando situaciones similares a otras naciones donde la transmisión se hace solo a través de computadoras. Afirmó que las regulaciones diferencian claramente entre el conteo, realizado en el lugar de votación, y la comprobación que lleva a cabo el CNE, manteniendo controles humanos vigentes.
Desde diversas facciones se expresaron dos opiniones: una celebró la aprobación argumentando que disminuye las posibilidades de manipulación, mientras que la otra culpó al asesor de Libre de intentar imponer sistemas autoritarios parecidos a los de Venezuela.
Potenciales efectos y procedimientos legales
La imputación contra Ochoa ha creado un panorama de inseguridad. A un lado, se presenta la probabilidad de objeciones judiciales al proceso de adjudicación del TREP. En cortes o en procesos de evaluación, podrían plantearse irregularidades técnicas o parcialidad, si se verifica que una compañía con antecedentes dudosos está involucrada de nuevo.
Además, el conflicto político podría minar la confianza en los resultados iniciales, impactando la legitimidad del proceso electoral que concluirá en noviembre. La tensión proviene tanto de sectores que demandan más transparencia como de grupos que sostienen la institucionalidad conjunta del CNE.
Retos para la institucionalidad en el ámbito electoral
El caso ilustra las dificultades que enfrenta el CNE. Se hace más claro que es necesario fortalecer los aspectos técnicos, legales y políticos relacionados con el TREP. Quejas como las de Ochoa podrían ser positivas si incentivan revisiones minuciosas, aunque también pueden servir como instrumentos de confrontación política.
Para garantizar credibilidad, son fundamentales:
- La precisión en las normas de evaluación del TREP, garantizando imparcialidad.
- El refuerzo de herramientas legales que faciliten la auditoría de decisiones y, si es necesario, su impugnación ante el CNE.
- La participación de agentes externos —tales como observadores nacionales e internacionales, partidos, sociedad civil— en los procesos de vigilancia.
- El debate en conjunto como medio para superar conflictos internos.
