Un proyecto de ley conocido como Ley Laken Riley, que actualmente se está debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos, tiene como objetivo otorgar a los estados mayor poder para intervenir en la aplicación de la ley de inmigración, permitiendo a los fiscales generales estatales y a los jueces federales, entre otras cosas, desempeñar un papel más activo en la detención y decisiones de deportación. La iniciativa impulsada por el Partido Republicano ya ha sido aprobada en la Cámara y está ganando impulso en el Senado con apoyo bipartidista, aunque requerirá el apoyo de al menos siete senadores demócratas para su aprobación final.
Esta legislación lleva el nombre de Laken Riley, una joven estudiante universitaria que fue violada y asesinada por un inmigrante ilegal que fue detenido y liberado varias veces. Este trágico caso no sólo se convirtió en un símbolo durante la campaña presidencial de Donald Trump y otros candidatos del Partido Republicano, sino que también jugó un papel clave para justificar la política migratoria más dura propuesta en este proyecto de ley.
Poder estatal ampliado
Una de las disposiciones más notables de la Ley Laken Riley es la capacidad que otorgaría a los estados para demandar al gobierno federal cuando crean que las leyes de inmigración no se están aplicando adecuadamente. Actualmente, los precedentes de la Corte Suprema han limitado estas acciones legales, pero el proyecto de ley busca revertir esa jurisprudencia al permitir que estados como Texas intervengan en las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para liberar a inmigrantes detenidos.
“Los estados necesitan herramientas para enfrentar a un presidente que decide no hacer cumplir las leyes de inmigración”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que aboga por políticas de inmigración más restrictivas.
Según la legislación, los fiscales generales estatales podrían pedir a un tribunal federal que emita una orden que obligue al gobierno a detener a inmigrantes acusados de ciertos delitos o incluso restringir visas a ciudadanos de países que no aceptan la repatriación de sus ciudadanos. Por ejemplo, el fiscal general de Texas podría intentar suspender las visas de trabajo para trabajadores de China o prohibir el turismo de negocios desde la India si esos países no cooperan para devolver a los ciudadanos deportados.
Pero esta ampliación de poderes sólo funcionaría en una dirección: los estados podrían demandar al gobierno federal por liberar a inmigrantes, pero no tendrían poder para impugnar las detenciones que consideren ilegales.
Cambios en las causales de detención forzosa
Otro aspecto controvertido del proyecto de ley de Laken Riley es el aumento de los delitos que justifican la detención obligatoria de inmigrantes. Actualmente, estas medidas se suelen aplicar a delitos graves o violentos, pero el proyecto de ley también cubrirá delitos menores como hurtos y robos.
Los críticos advierten que la medida podría desviar recursos de la detención de inmigrantes involucrados en delitos violentos, sobrecargando un sistema que ya está limitado en términos de capacidad y presupuesto.
«Leyes como estas podrían abrumar al sistema y desviar la atención de cuestiones realmente prioritarias, como los delincuentes peligrosos», dijo Aaron Reichlin-Melnick, analista del Consejo Estadounidense de Inmigración, durante una conferencia con periodistas.
Contexto y base jurídica
El proyecto de ley tiene como objetivo abordar la frustración republicana con la implementación de las leyes de inmigración bajo Joe Biden y administraciones anteriores. En 2023, la Corte Suprema dictaminó que Texas y Luisiana no tenían legitimación activa para solicitar un cambio en las prioridades de deportación establecidas por la administración Biden, que priorizaba la expulsión de inmigrantes considerados una amenaza para la seguridad nacional o involucrados en delitos graves, dejando en segundo lugar los casos de delitos menores. .
El proyecto de ley de Laken Riley buscaría revertir este precedente al otorgar a los estados el derecho de demandar al gobierno federal por la interpretación de sus políticas de inmigración. Además, permitiría impugnar las decisiones de los jueces de inmigración de liberar a los detenidos, lo que actualmente es responsabilidad exclusiva del Departamento de Justicia.
“Los estados han intentado repetidamente obligar a la administración Biden a cumplir con sus obligaciones de aplicación, pero sin éxito”, añadió Vaughan, enfatizando la necesidad de mecanismos legales más efectivos para los estados.
Críticas y preocupaciones internacionales
La posibilidad de que los países bloqueen la emisión de visas a nacionales de determinados países ha generado preocupación en algunos sectores por los efectos políticos y económicos que esto podría tener.
“Permitir que un juez de distrito o un fiscal general bloquee las visas podría desencadenar una crisis diplomática con graves consecuencias para la economía estadounidense y la inmigración en general”, advirtió Reichlin-Melnick.
El senador demócrata Chris Murphy también expresó su oposición a la disposición, argumentando que podría convertir el sistema de inmigración en un campo de batalla legal en los tribunales locales.
«No creo que queramos un sistema de inmigración que sea constantemente litigado en los tribunales de distrito de todo el país», dijo Murphy en una entrevista de prensa reciente.
Defensores y oponentes
Si bien muchos demócratas y organizaciones proinmigrantes critican el proyecto de ley por considerarlo excesivo y potencialmente dañino, los partidarios del Partido Republicano lo ven como una herramienta necesaria para contrarrestar lo que consideran la falta de acción del gobierno federal en materia de control de la inmigración.
“Las disposiciones relativas a los fiscales generales están en el centro de este proyecto de ley. Si eliminamos esta parte, el proyecto de ley pierde el 90% de su impacto”, dijo el representante Chip Roy, uno de los principales patrocinadores de la Ley Laken Riley.
De manera similar, los partidarios argumentan que las políticas actuales no utilizan todo el arsenal de herramientas legales disponibles para combatir los delitos cometidos por inmigrantes. Dicen que el proyecto de ley de Laken Riley cerrará estas lagunas y garantizará una aplicación más estricta de la ley.
El futuro del acto es incierto
A pesar de la aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley enfrenta un camino difícil en el Senado, donde los republicanos necesitarán el apoyo de al menos siete demócratas para obtener la aprobación final.
Si se convierte en ley, es probable que varias de sus disposiciones enfrenten desafíos en los tribunales federales, especialmente aquellas relacionadas con la detención obligatoria de inmigrantes y la emisión de visas. Sin embargo, el proyecto de ley de Laken Riley ya ha reavivado el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, marcando una nueva etapa en la búsqueda de políticas más restrictivas y fortaleciendo el papel de los estados en este ámbito.
Mientras tanto, el debate en torno a esta legislación resalta las tensiones entre las prioridades de seguridad y justicia y los valores de un sistema de inmigración que históricamente ha sido visto como un pilar de la identidad nacional estadounidense.